El Gobierno francés ha promulgado la ley que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. ¿Qué significa esto? Básicamente, que los trabajadores franceses tendrán que trabajar dos años más antes de poder jubilarse y recibir su pensión. Esta medida ha sido muy controvertida y ha generado fuertes protestas en todo el país.
El Consejo Constitucional francés ha validado esta reforma de las pensiones, lo que significa que el Gobierno de Macron ha logrado su objetivo de cambiar el sistema de pensiones en Francia. Sin embargo, el Consejo también ha invalidado seis artículos de la ley, lo que ha generado cierta confusión sobre qué aspectos de la reforma son válidos y cuáles no.
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es el retraso de la edad de jubilación. Muchos trabajadores franceses se oponen a esta medida, ya que argumentan que no podrán trabajar hasta los 64 años debido a problemas de salud o por la falta de empleo en su sector. Además, algunos expertos en pensiones han señalado que el sistema de pensiones francés ya es muy complejo y que esta reforma solo lo hace más difícil de entender.
Otro aspecto de la reforma que ha generado controversia es la eliminación de los regímenes especiales de jubilación para ciertos trabajadores, como los empleados de la SNCF (la compañía ferroviaria francesa) y los trabajadores del metro de París. Estos trabajadores han tenido históricamente regímenes especiales de jubilación que les permitían retirarse antes que otros trabajadores y recibir pensiones más altas. La eliminación de estos regímenes especiales ha sido muy impopular entre estos trabajadores y ha generado protestas y huelgas en todo el país.
Además, la reforma también incluye cambios en el cálculo de las pensiones, que se basarán en los ingresos de toda la vida laboral del trabajador en lugar de los últimos años de trabajo. Esto significa que los trabajadores que han tenido ingresos más bajos durante su carrera laboral pueden recibir pensiones más bajas que antes.
Por último, la reforma también incluye medidas para fomentar la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas. Sin embargo, el Consejo Constitucional ha invalidado estas medidas, lo que significa que no formarán parte de la ley.
